Millonarias demandas ponen en riesgo recursos destinados a salud en plena crisis municipal

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En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, la presidenta del Concejo Municipal, Bania Sánchez, informó sobre las serias dificultades que atraviesa la institución no solo por la falta de recursos económicos, sino también por el incremento de demandas judiciales iniciadas por exconcejales, quienes reclaman el pago de bonos fronterizos y vacaciones. Entre los casos más relevantes se encuentran los de André Javier Fernández, Ana María Soria Peña y Jaqueline Rocavado, cuyos montos individuales oscilan entre los 185 mil y más de 310 mil bolivianos.

Sánchez explicó que las sentencias judiciales, en primera y segunda instancia, han fallado a favor de los demandantes, bajo el argumento de que los concejales serían considerados funcionarios públicos. No obstante, la posición del actual Concejo es clara: los concejales son autoridades electas y no están sujetos a control jerárquico ni marcan asistencia, por lo cual no correspondería el pago de beneficios laborales. “Estamos agotando todas las instancias legales, incluso con recursos de nulidad y casación en Sucre, porque esto representa un perjuicio directo a las arcas municipales”, señaló.

La situación se agrava al considerar que el sistema de salud de Yacuiba se encuentra al borde del colapso. Según Sánchez, el hospital Rubén Zelaya está recibiendo pacientes que deberían ser atendidos en el hospital de tercer nivel Fray Quebracho, que no está asumiendo sus responsabilidades a cabalidad. Esto ha provocado una sobrecarga en los servicios de segundo nivel y una creciente demanda de personal que no puede ser contratado por falta de recursos.

Desde el Concejo se exige al Gobierno Regional cumplir con las transferencias económicas establecidas por ley, y al Ejecutivo Municipal se le ha pedido asumir acciones ante las instancias nacionales para hacer valer el derecho a una salud digna para la población. “En lugar de canalizar los escasos recursos hacia necesidades urgentes como la salud, hoy enfrentamos demandas voluntarias por beneficios que podrían evitarse si primara el compromiso con el pueblo”, concluyó la autoridad.

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