El alcalde comenzó refiriéndose al proyecto de videovigilancia, justificando su paralización debido a la falta de conexión eléctrica por parte del SETAR. Aseguró que la obra no está abandonada, pero responsabilizó a la empresa ejecutora y negó que la Alcaldía tenga injerencia en la instalación eléctrica.
Acto seguido, lanzó duras críticas a los concejales Rafael Pérez y Yadé Díaz, acusándolos de “no entender documentos” y de desinformar a la población. Cuestionó que utilicen temas técnicos para atacar su gestión y calificó su accionar como político y malintencionado.
En cuanto a la crisis en el hospital Rubén Zelaya, el alcalde fue tajante: dijo que la responsabilidad del funcionamiento del hospital es del Ministerio de Salud. Denunció que hay personal que trabaja “sólo domingos” y que el director del hospital no controla a sus funcionarios. Aunque reconoció que hay problemas, se desmarcó de la falta de médicos, insumos y atención, afirmando que su competencia es únicamente dotar medicamentos del SUS y gestionar recursos.
Uno de los puntos más tensos fue la situación económica. El alcalde explicó que la Alcaldía tiene deudas con varios sectores, entre ellos el personal del desayuno escolar, por la falta de transferencia de recursos de la Ley 3038. Acusó al Gobierno Regional de incumplir una sentencia judicial que obliga al desembolso y denunció que no se sabe en qué se gasta el dinero. “El Ejecutivo Regional parece el señor de los anillos, con todo el poder, sin control”, ironizó.
Finalmente, también cuestionó a los candidatos a diputados que prometen obras fuera de su competencia. “No pueden ofrecer centros de salud, desayuno escolar o alcantarillado si no son funciones de un diputado”, sentenció.
