“Autoridades intervienen Juzgado Agroambiental de Yacuiba por presuntas irregularidades y denuncias de corrupción”

Yacuiba, 31 de julio de 2025. — Una intervención sin precedentes se llevó a cabo esta mañana en el Juzgado Agroambiental de Yacuiba, luego de que el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura recibieran múltiples denuncias contra el juez Primo Ceballos, acusado de expedir resoluciones ilegales, favorecer intereses privados y presuntamente incurrir en actos de corrupción.

Durante el operativo, autoridades confirmaron que Ceballos habría tramitado medidas cautelares y preparatorias fuera de su competencia, en procesos de saneamiento de tierras y nulidad de títulos ejecutoriales, acciones que corresponden exclusivamente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y al Tribunal Agroambiental. El presidente de este órgano, Richard Méndez, calificó los hechos como “una distorsión jurídica gravísima” que atenta contra la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Denuncias ciudadanas: Despojos y extorsión
Pobladores afectados se presentaron en el juzgado para relatar cómo el magistrado habría avalado desalojos ilegales, incluso en casos donde presuntamente se apropió de terrenos mediante documentos falsos. Margot Cardoso, una de las denunciantes, aseguró que Ceballos actuó en connivencia con la jueza de Villamontes, Ibis Artunduaga, para beneficiar a su pareja en un caso de devolución de dinero.

“Él redactaba memoriales desde su oficina usando recursos del Estado. Nos negaron justicia porque tenía intereses en los terrenos”, denunció Cardoso. Otros testimonios, como el de una mujer del área rural, revelaron que el juez habría permitido el despojo de sus tierras en Zapatero y Caraparí, mientras autorizaba el ingreso de policías y particulares para destruir sus propiedades.

¿Qué sigue?
El Consejo de la Magistratura iniciará una auditoría exhaustiva de los expedientes y solicitará un peritaje informático para verificar si Ceballos usó equipos estatales en actos irregulares. De comprobarse los delitos, el juez enfrentaría sanciones que van desde la suspensión hasta procesos penales por prevaricato, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito.

Méndez hizo un llamado a la ciudadanía a presentar más denuncias: “La justicia debe servir al pueblo. No toleraremos corrupción”. Mientras, el juzgado continuará operando, pero bajo supervisión estricta.

Contexto legal:

• Artículo 189 de la Constitución: Solo el Tribunal Agroambiental puede resolver nulidades de títulos.
• Ley 004: Establece sanciones para delitos contra la administración pública.

Esta intervención marca un precedente en la lucha contra la corrupción judicial en el Chaco boliviano

FUENTE: LA VOZ DE YACUIBA