El Gobierno presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra exautoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la construcción y equipamiento de una denominada Casa Ejecutiva, proyecto que habría ocasionado un daño económico aproximado de Bs 17 millones.
El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, informó que la denuncia apunta a presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Según explicó, el proyecto fue ejecutado entre las gestiones 2014 y 2015 y, a criterio del Gobierno, no contaría con una justificación técnica, económica ni social suficiente.
“En vez de ser una infraestructura que esté al servicio de la sociedad, hemos observado que muchos de estos gastos, más que corresponder a una institución pública, parecieran ser de un hotel de lujo, de cinco estrellas”, afirmó García.
Casi Bs 17 millones entre obra, mantenimiento y equipamiento
De acuerdo con la información presentada por la autoridad, la construcción de la infraestructura habría costado aproximadamente Bs 2,5 millones.
A esto se sumarían más de Bs 120.000 en mantenimiento y más de Bs 14 millones en equipamiento, adquirido mediante diferentes procesos de contratación.
Entre los bienes observados se mencionaron equipos de comunicación, implementos de cocina, sistemas de sonido instalados en jardines, cuadros de autor y muebles de diseño.
García señaló que incluso se identificaron cuatro equipos Bose FreeSpace instalados en exteriores y afirmó que cada uno tendría un costo superior a los 500 dólares.
La autoridad calificó estos desembolsos como “gastos suntuosos” y cuestionó que recursos públicos hayan sido destinados a una infraestructura concebida para directores y ejecutivos de la estatal petrolera.
¿Quiénes fueron denunciados?
Según los datos difundidos por el Ministerio de la Presidencia, entre las personas denunciadas figuran:
- Guillermo Achá Morales, expresidente ejecutivo de YPFB.
- Edwin Aldunate Luján, exgerente nacional de Administración y Finanzas de YPFB.
- Mario Mendoza Luján, representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
- Grover Álvarez Quiroga, exjefe de la Unidad de Infraestructura de YPFB.
- Miembros del directorio vinculados al proyecto.
La responsabilidad penal de los denunciados deberá ser determinada por el Ministerio Público y, eventualmente, por la autoridad judicial competente.
Gobierno cuestiona la utilidad del proyecto
García sostuvo que cualquier inversión realizada con recursos del Estado debe contar con una justificación concreta y producir un beneficio verificable para la población.
“No son recursos privados y toda asignación de recursos públicos debe tener una justificación económica, técnica y social”, afirmó.
También cuestionó cuál habría sido el beneficio real de construir una residencia destinada a ejecutivos de la petrolera estatal.
“Nosotros nos preguntamos de qué manera la construcción de una Casa Ejecutiva para directores y ejecutivos de YPFB ha contribuido a mejorar la vida de los bolivianos”, manifestó.
La denuncia ya fue presentada y corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para avanzar con imputaciones y establecer responsabilidades individuales por el presunto daño económico.
El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, informó que la denuncia apunta a presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Según explicó, el proyecto fue ejecutado entre las gestiones 2014 y 2015 y, a criterio del Gobierno, no contaría con una justificación técnica, económica ni social suficiente.
“En vez de ser una infraestructura que esté al servicio de la sociedad, hemos observado que muchos de estos gastos, más que corresponder a una institución pública, parecieran ser de un hotel de lujo, de cinco estrellas”, afirmó García.
Casi Bs 17 millones entre obra, mantenimiento y equipamiento
De acuerdo con la información presentada por la autoridad, la construcción de la infraestructura habría costado aproximadamente Bs 2,5 millones.
A esto se sumarían más de Bs 120.000 en mantenimiento y más de Bs 14 millones en equipamiento, adquirido mediante diferentes procesos de contratación.
Entre los bienes observados se mencionaron equipos de comunicación, implementos de cocina, sistemas de sonido instalados en jardines, cuadros de autor y muebles de diseño.
García señaló que incluso se identificaron cuatro equipos Bose FreeSpace instalados en exteriores y afirmó que cada uno tendría un costo superior a los 500 dólares.
La autoridad calificó estos desembolsos como “gastos suntuosos” y cuestionó que recursos públicos hayan sido destinados a una infraestructura concebida para directores y ejecutivos de la estatal petrolera.
¿Quiénes fueron denunciados?
Según los datos difundidos por el Ministerio de la Presidencia, entre las personas denunciadas figuran:
- Guillermo Achá Morales, expresidente ejecutivo de YPFB.
- Edwin Aldunate Luján, exgerente nacional de Administración y Finanzas de YPFB.
- Mario Mendoza Luján, representante del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
- Grover Álvarez Quiroga, exjefe de la Unidad de Infraestructura de YPFB.
- Miembros del directorio vinculados al proyecto.
La responsabilidad penal de los denunciados deberá ser determinada por el Ministerio Público y, eventualmente, por la autoridad judicial competente.
Gobierno cuestiona la utilidad del proyecto
García sostuvo que cualquier inversión realizada con recursos del Estado debe contar con una justificación concreta y producir un beneficio verificable para la población.
“No son recursos privados y toda asignación de recursos públicos debe tener una justificación económica, técnica y social”, afirmó.
También cuestionó cuál habría sido el beneficio real de construir una residencia destinada a ejecutivos de la petrolera estatal.
“Nosotros nos preguntamos de qué manera la construcción de una Casa Ejecutiva para directores y ejecutivos de YPFB ha contribuido a mejorar la vida de los bolivianos”, manifestó.
La denuncia ya fue presentada y corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para avanzar con imputaciones y establecer responsabilidades individuales por el presunto daño económico.