La concejal Yaquelín Rocavado acusó al Ejecutivo Municipal de Yacuiba de ocultar una sentencia judicial que obliga al gobierno local a pagar más de 200 millones de bolivianos a una empresa contratada irregularmente en 2015 para pavimentar el casco central, sin licencia ambiental ni respaldo financiero. Durante una conferencia, la edil también anunció la creación de la agrupación ciudadana AIRA (Alianza de Integración Regional) para competir en las próximas elecciones subnacionales, descartando su propia candidatura y prometiendo “renovación política”.
Rocavado detalló que, en 2015, el entonces alcalde interino Carlos Bruno firmó un contrato por 280 millones de bolivianos con una empresa tarijeña para pavimentar el casco central, días antes de que asumiera el alcalde Ramiro Vallejo. El acuerdo carecía de licencia ambiental y se desembolsaron 37 millones como anticipo, pese a las irregularidades. Vallejo revirtió el contrato, pero la empresa demandó al municipio y, tras años de litigio, obtuvo un fallo favorable en Sucre por “daños y perjuicios”.
La concejal advirtió que la deuda (equivalente al 90% del presupuesto anual del municipio) paralizaría proyectos esenciales. Criticó al alcalde actual por no informar sobre el caso y desviar la atención hacia acusaciones contra concejales, como el polémico “bono de frontera”, que ella niega haber cobrado.
Rocavado confirmó que no será candidata en las elecciones subnacionales, pero presentó la agrupación AIRA, liderada por Juan Carlos Castillo (candidato a alcalde) y aliada a Alianza Unidad para apoyar la presidencia de Samuel Doria Medina. Omar Velázquez, de AIRA, competirá como diputado uninominal.
La edil insistió en que el responsable del daño económico es quien firmó el contrato en 2015, no quienes lo revirtieron. Pidió transparencia al alcalde y señaló que el municipio aún puede recurrir a un amparo constitucional, aunque la sentencia está ejecutoriada.
