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La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia determinó en días pasados pedir la renuncia inmediata de la ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, por la presunta “incapacidad demostrada” en la preservación de los derechos laborales de la fuerza productiva del país. El sector fijó como plazo este jueves 28 de abril para la renuncia.
El sector asumió esa determinación en el “Tercer Ampliado Nacional Ordinario” que se desarrolló el 21 de abril pasado en instalaciones de la Federación Departamental de Trabajadores Fabriles de La Paz, luego de un análisis y “debate” sobre el funcionamiento del Ministerio de Trabajo y la titular de esa cartera de Estado.
“Ratificar la resolución que exige la renuncia inmediata de la ministra de Trabajo Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, ante la incapacidad demostrada para manejar este ministerio que debe velar por el cumplimiento de la constitución Política del Estado, Ley General del Trabajo y demás normas laborales”, reseña la resolución.
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En el documento, los trabajadores denuncian que la autoridad ministerial tiene una inclinación patronal y se convirtió “en verdugo y perseguidor de la dirigencia sindical, manipulando información y entrometiéndose en asuntos orgánicos del sector fabril”. además se señala que emitió juicios de valor que no son de su competencia.
La resolución establece como plazo máximo para la atención de su demanda este 28 de abril, caso contrario advierten con asumir medidas de presión.
“En caso de no ser atendidos en nuestra demanda, debidamente sustentada, hasta fecha 28 de abril del año en curso, nos veremos obligados a asumir las medias de presión que sean necesarias hasta que se responda favorablemente al legitimo reclamo de los trabajadores del país”, advierte en el documento.
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En la resolución del ampliado, la confederación también exige que la Asamblea y al Gobierno resuelvan mediante una ley corta las “graves incoherencias de fiscales, jueces y magistrados” para reincorporar a los miles de trabajadores despedidos ilegalmente en todo el país.
“El sector fabril es el más afectado por incoherentes y contradictorias sentencias emitidas, por jueces de Sala Constitucional en todo el país porque muchos jueces derivan sentencias del Tribunal Constitucional a fiscales quienes a su vez inician procesos penales que duran siete años en promedio; otros como en Santa Cruz devuelven al TCP sentencias, por observaciones”, cuestiona el sector.
Un anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno busca que se obligue a las empresas a restituir a trabajadores despedidos sin justificación legal en tiempo récord y con fallo inapelable del Ministerio de Trabajo. Advierten que no habrá lugar a los amparos.
Pagina Siete
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