Gestora: seis sectores piden diversificar las inversiones de los fondos y la libertad de elegir

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Mediante una carta abierta, seis organizaciones sociales de Santa Cruz, pidieron al Gobierno diversificar las inversiones de los fondos de pensiones y generar un modelo en el que los aportantes puedan decidir si aportar a la Gestora Pública o a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), además solicitaron al presidente Luis Arce paralizar el traspaso de la administración de los fondos de pensiones a la Gestora Pública mientras se consideran las opciones planteadas.

La carta, firmada por la Asociación de Aportantes al Sistema Integral de Pensiones (Asodasip), el Movimiento de Emergencia Nacional por la Seguridad Social (MEN), la Federación Universitaria de Profesores (FUP), la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de la Salud Pública (Fesirmes), la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) y la Unión de Militares del Servicio Pasivo de las FFAA de la Nación, señala que al momento hay dos problemas con los fondos de pensiones, la baja rentabilidad y la falta de confianza en la Gestora Pública.

“La problemática actual del Sistema Integral de Pensiones en Bolivia radica primordialmente en dos elementos que deben ser abordados de forma urgente y patriótica, priorizando el interés de los trabajadores aportantes dueños de los ahorros previsionales y el del Estado, bajo una visión técnica y alejada de cualquier apasionamiento político, partidario y/o sindical que afecte su imparcial consideración”, señala la misiva.

De acuerdo con las organizaciones sociales, el primer problema es el bajo rendimiento de las inversiones que han realizado las AFP, el cual se puede explicar por las restricciones planteadas a estas por la Ley 065, bajo la cual la Gestora también deberá operar, misma que “ha obligado a las AFP a asumir esquemas de inversión conservadores, los cuales generaron rendimientos reales que cayeron del 16% en 2002 a 0,41% en 2022.

“Es importante recordar que los rendimientos reales, es decir, los rendimientos nominales menos la inflación, han descendido desde un 16% registrado en 2002, hasta el 0,41% obtenido a diciembre de 2022. Cabe enfatizar que, durante los últimos 12 años, los rendimientos de las inversiones han estado por debajo de lo necesario para conformar las pensiones de jubilación, aún más, los años 2007, 2008, 2011 y 2013, las AFP han obtenido rendimientos reales negativos, generando un daño irreparable a los ahorros de los aportantes”, señala la carta.

Ante esta situación, los firmantes proponen la modificación del reglamento de inversiones, pasando de un esquema de inversiones monofondo a un esquema multifondo, en el cual la cartera se divide en fondos independientes con diferentes niveles de riesgo en función a las edades de los aportantes.

“Se propone a su Gobierno, pueda gestionar la modificación de la modalidad actual de inversiones monofondo dispuesta en la actual Ley de Pensiones, creando una cartera multifondos, inicialmente con tres o cuatro fondos que concentren diferentes niveles de riesgo en función a las edades de los afiliados y a su agrado o aversión al riesgo, lo que permitiría esperar mejores tasas de rendimiento”.

La carta agrega que la modificación debe ser necesariamente complementada con medidas que levanten las restricciones a las inversiones en el exterior y flexibilicen algunas establecidas para inversiones dentro del país.

Libertad de elegir

En el segundo punto, las organizaciones sociales firmantes señalan que la población no confía en la administración estatal de los fondos de pensiones, debido a que se duda de su independencia a causa de la estructura de supervisión de la misma, en la que el Presidente es el que elige al gerente, a los miembros del directorio y en el cual la supervisión y fiscalización de la Gestora estará en manos del Ministerio de Economía y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), los cuales se encuentran dentro de la estructura ejecutiva del gobierno.

“La Gestora se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía, cuyo Director Ejecutivo y cuyos miembros del Directorio son nombrados por su autoridad en calidad de presidente del Estado Plurinacional, en un entorno en que la Máxima Autoridad Ejecutiva del ente llamado a supervisar la Gestora es también es nombrado por el presidente del Estado, genera razonables dudas sobre su independencia del Poder Ejecutivo y por ende del partido en función de gobierno, sea cual fuere”, dice la carta.

En ese aspecto, la carta propone mantener la administración de los ahorros de los trabajadores en manos de entidades administradoras privadas con experiencia certificada, supervisadas por la Gestora o en su defecto, permitir que estas nuevas AFP compitan con la Gestora Pública y que el afiliado decida donde aportar.

“Esta alternativa no contradice lo dispuesto para la Seguridad Social en la Constitución Política del Estado y se apoya en el Inciso t) del artículo 149 de la Ley 065, que faculta a la Gestora para que pueda contratar los servicios necesarios para la realización de sus actividades, en este marco, podrá suscribir un contrato de prestación de servicios con nuevas administradoras de fondos luego de un proceso de licitación público e internacional. Bajo esta figura, no se está privatizando ni concesionando la Seguridad Social de largo plazo. Otra alternativa es que se permita la convivencia de la Gestora con AFP privadas y que sea el aportante el que decida qué entidad va a manejar sus ahorros”, señalan los firmantes.