El senador suplente Nilton Condori pasó su primera noche recluido en el penal de San Pedro, en La Paz, luego de que un juez cautelar dispusiera su detención preventiva por seis meses dentro de una investigación por los presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir.
El proceso está relacionado con los bloqueos de 53 días registrados en 2026 y también incluye al expresidente Evo Morales y a los dirigentes Román Gutiérrez y Rosario Vargas, cuyas declaraciones informativas permanecen pendientes dentro de las diligencias previstas por el Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que Condori podría influir sobre otros investigados si permanece en libertad y también planteó la existencia de riesgo de fuga. Durante la audiencia cautelar, el Ministerio Público había solicitado que el legislador fuera enviado al penal de Chonchocoro, aunque finalmente la autoridad judicial determinó su reclusión en San Pedro.
El abogado defensor Alan Fernández confirmó que el traslado se ejecutó inmediatamente después de concluida la audiencia y anunció que la resolución fue apelada.
La defensa cuestionó la medida y sostuvo que se habrían vulnerado garantías constitucionales del legislador. Fernández invocó el artículo 152 de la Constitución Política del Estado, relacionado con las restricciones a la detención preventiva de representantes electos salvo casos de flagrancia.
Según la posición de la defensa, los hechos investigados corresponden a septiembre y, por lo tanto, no se configuraría una situación de flagrancia que permita aplicar esa excepción.
La Fiscalía, por su parte, argumentó que Condori fue suspendido sin goce de haberes por el Senado el 12 de agosto de 2026 y señaló que actualmente no podría acreditar una actividad laboral.
Debate sobre la protección parlamentaria
El caso también generó pronunciamientos sobre el alcance de las garantías que corresponden a los legisladores.
El constitucionalista José Luis Santistevan sostuvo que la protección parlamentaria se aplica a actuaciones relacionadas con el ejercicio de las funciones legislativas, pero no necesariamente a procesos por delitos comunes.
A su criterio, la inviolabilidad vinculada a opiniones y actos de fiscalización debe diferenciarse de una eventual protección frente a investigaciones penales por hechos ajenos a la función parlamentaria.
También se pronunciaron los diputados Rafael López, de Libre, y Ricardo Rada, del PDC, quienes respaldaron la decisión judicial y señalaron que las acusaciones contra Condori deben ser investigadas.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, expresó igualmente su respaldo a la medida y recordó que durante los bloqueos diferentes sectores exigieron que los responsables de eventuales hechos violentos respondieran ante la Justicia.
Evo Morales figura entre las declaraciones pendientes
La imputación fiscal también establece una serie de diligencias que aún deben ejecutarse.
Entre ellas se encuentran las declaraciones informativas de Evo Morales, Román Gutiérrez y Rosario Vargas, además de la recopilación de material documental y audiovisual.
La investigación prevé obtener información de Radio Kawsachun Coca, de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y de la dirección nacional del partido Evo Pueblo.
Estas actuaciones forman parte de la etapa investigativa y deberán permitir al Ministerio Público establecer responsabilidades individuales y determinar el grado de participación que eventualmente corresponda a cada una de las personas denunciadas.
La apelación presentada por la defensa de Condori deberá ser resuelta por la instancia judicial correspondiente. Mientras tanto, el senador suplente permanecerá recluido preventivamente en el penal de San Pedro.
El proceso está relacionado con los bloqueos de 53 días registrados en 2026 y también incluye al expresidente Evo Morales y a los dirigentes Román Gutiérrez y Rosario Vargas, cuyas declaraciones informativas permanecen pendientes dentro de las diligencias previstas por el Ministerio Público.
La Fiscalía sostiene que Condori podría influir sobre otros investigados si permanece en libertad y también planteó la existencia de riesgo de fuga. Durante la audiencia cautelar, el Ministerio Público había solicitado que el legislador fuera enviado al penal de Chonchocoro, aunque finalmente la autoridad judicial determinó su reclusión en San Pedro.
El abogado defensor Alan Fernández confirmó que el traslado se ejecutó inmediatamente después de concluida la audiencia y anunció que la resolución fue apelada.
La defensa cuestionó la medida y sostuvo que se habrían vulnerado garantías constitucionales del legislador. Fernández invocó el artículo 152 de la Constitución Política del Estado, relacionado con las restricciones a la detención preventiva de representantes electos salvo casos de flagrancia.
Según la posición de la defensa, los hechos investigados corresponden a septiembre y, por lo tanto, no se configuraría una situación de flagrancia que permita aplicar esa excepción.
La Fiscalía, por su parte, argumentó que Condori fue suspendido sin goce de haberes por el Senado el 12 de agosto de 2026 y señaló que actualmente no podría acreditar una actividad laboral.
Debate sobre la protección parlamentaria
El caso también generó pronunciamientos sobre el alcance de las garantías que corresponden a los legisladores.
El constitucionalista José Luis Santistevan sostuvo que la protección parlamentaria se aplica a actuaciones relacionadas con el ejercicio de las funciones legislativas, pero no necesariamente a procesos por delitos comunes.
A su criterio, la inviolabilidad vinculada a opiniones y actos de fiscalización debe diferenciarse de una eventual protección frente a investigaciones penales por hechos ajenos a la función parlamentaria.
También se pronunciaron los diputados Rafael López, de Libre, y Ricardo Rada, del PDC, quienes respaldaron la decisión judicial y señalaron que las acusaciones contra Condori deben ser investigadas.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, expresó igualmente su respaldo a la medida y recordó que durante los bloqueos diferentes sectores exigieron que los responsables de eventuales hechos violentos respondieran ante la Justicia.
Evo Morales figura entre las declaraciones pendientes
La imputación fiscal también establece una serie de diligencias que aún deben ejecutarse.
Entre ellas se encuentran las declaraciones informativas de Evo Morales, Román Gutiérrez y Rosario Vargas, además de la recopilación de material documental y audiovisual.
La investigación prevé obtener información de Radio Kawsachun Coca, de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y de la dirección nacional del partido Evo Pueblo.
Estas actuaciones forman parte de la etapa investigativa y deberán permitir al Ministerio Público establecer responsabilidades individuales y determinar el grado de participación que eventualmente corresponda a cada una de las personas denunciadas.
La apelación presentada por la defensa de Condori deberá ser resuelta por la instancia judicial correspondiente. Mientras tanto, el senador suplente permanecerá recluido preventivamente en el penal de San Pedro.