El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre la ampliación de las restricciones de visa aplicadas en Bolivia dentro de una política que, según el Gobierno estadounidense, busca enfrentar actividades de corrupción y narcotráfico que puedan afectar a gobiernos democráticamente elegidos en el hemisferio.
La determinación fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y da continuidad a la política de restricciones migratorias anunciada por Washington el pasado 28 de septiembre.
De acuerdo con el comunicado, las acciones forman parte de compromisos asumidos durante la Cumbre de Doral y posteriormente dentro de la iniciativa denominada Escudo de las Américas.
El Departamento de Estado señala que las nuevas medidas alcanzan a 40 personas en Bolivia y, dentro de su comunicado, identifica públicamente a 15 ciudadanos bolivianos, además de establecer restricciones para sus familiares directos.
La medida es de carácter migratorio y no representa por sí misma una sentencia judicial ni una declaración de responsabilidad penal contra las personas incluidas.
Departamento de Estado publica lista de 15 bolivianos
Según el comunicado oficial estadounidense, las restricciones de visa fueron impuestas a los siguientes ciudadanos bolivianos y sus familiares directos:
Rafael Darío López Mercado, diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Rolando Santos Pacheco Chávez, diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Juan Lanchipa Ponce, ex fiscal general.
Félix Gerardo Balderas Arteaga, ex fiscal departamental del Beni.
Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz.
Diego Alejandro Barboza Zeballos, ex director de la Unidad de Investigaciones Financieras.
Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Fernando Ronald Velasco Soliz, exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Viru Viru.
Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de Policía de Tarija y ex director general de la FELCN.
Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental del Servicio General de Identificación Personal en Santa Cruz.
Katherine Calderón Valle, ex directora general de Migración.
José Ayaviri Siles, exjuez de tribunal penal.
Armando Rojas Toledo, ex fiscal coordinador de La Paz.
Rony Suárez Milliet, ciudadano particular.
Julio Nelson Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Medida está basada en la legislación migratoria estadounidense
Estados Unidos fundamentó las restricciones en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta disposición permite al secretario de Estado determinar la inadmisibilidad de ciudadanos extranjeros cuando existan razones, bajo la legislación estadounidense, para considerar que su ingreso o las actividades que desarrollarían podrían generar consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos.
El Departamento de Estado sostiene que la política está dirigida a ciudadanos extranjeros que, según su evaluación, mediante actividades vinculadas a corrupción o narcotráfico afecten el funcionamiento de gobiernos democráticamente elegidos, independientemente de su afiliación política.
Washington señaló además que respalda las acciones del Gobierno de Bolivia destinadas a reducir la influencia de organizaciones criminales dentro de instituciones estatales.
El comunicado hace referencia específicamente a ámbitos como tribunales, fuerzas policiales y el Poder Legislativo.
Las restricciones anunciadas corresponden a decisiones administrativas y migratorias del Gobierno estadounidense. El comunicado difundido no desarrolla públicamente las pruebas o hechos específicos atribuidos a cada una de las personas incluidas en la nómina, por lo que cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser establecida por las autoridades judiciales competentes.
FUENTE: Departamento de Estado de Estados Unidos – Comunicado del 22 de octubre de 2026.
La determinación fue comunicada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y da continuidad a la política de restricciones migratorias anunciada por Washington el pasado 28 de septiembre.
De acuerdo con el comunicado, las acciones forman parte de compromisos asumidos durante la Cumbre de Doral y posteriormente dentro de la iniciativa denominada Escudo de las Américas.
El Departamento de Estado señala que las nuevas medidas alcanzan a 40 personas en Bolivia y, dentro de su comunicado, identifica públicamente a 15 ciudadanos bolivianos, además de establecer restricciones para sus familiares directos.
La medida es de carácter migratorio y no representa por sí misma una sentencia judicial ni una declaración de responsabilidad penal contra las personas incluidas.
Departamento de Estado publica lista de 15 bolivianos
Según el comunicado oficial estadounidense, las restricciones de visa fueron impuestas a los siguientes ciudadanos bolivianos y sus familiares directos:
Rafael Darío López Mercado, diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Rolando Santos Pacheco Chávez, diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Juan Lanchipa Ponce, ex fiscal general.
Félix Gerardo Balderas Arteaga, ex fiscal departamental del Beni.
Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz.
Diego Alejandro Barboza Zeballos, ex director de la Unidad de Investigaciones Financieras.
Aldo Ismael Quezada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Fernando Ronald Velasco Soliz, exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Viru Viru.
Freddy Bismarck Pereira Molina, comandante departamental de Policía de Tarija y ex director general de la FELCN.
Óscar Mauricio Ortiz Cuéllar, director departamental del Servicio General de Identificación Personal en Santa Cruz.
Katherine Calderón Valle, ex directora general de Migración.
José Ayaviri Siles, exjuez de tribunal penal.
Armando Rojas Toledo, ex fiscal coordinador de La Paz.
Rony Suárez Milliet, ciudadano particular.
Julio Nelson Alba Flores, juez del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Medida está basada en la legislación migratoria estadounidense
Estados Unidos fundamentó las restricciones en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esta disposición permite al secretario de Estado determinar la inadmisibilidad de ciudadanos extranjeros cuando existan razones, bajo la legislación estadounidense, para considerar que su ingreso o las actividades que desarrollarían podrían generar consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos.
El Departamento de Estado sostiene que la política está dirigida a ciudadanos extranjeros que, según su evaluación, mediante actividades vinculadas a corrupción o narcotráfico afecten el funcionamiento de gobiernos democráticamente elegidos, independientemente de su afiliación política.
Washington señaló además que respalda las acciones del Gobierno de Bolivia destinadas a reducir la influencia de organizaciones criminales dentro de instituciones estatales.
El comunicado hace referencia específicamente a ámbitos como tribunales, fuerzas policiales y el Poder Legislativo.
Las restricciones anunciadas corresponden a decisiones administrativas y migratorias del Gobierno estadounidense. El comunicado difundido no desarrolla públicamente las pruebas o hechos específicos atribuidos a cada una de las personas incluidas en la nómina, por lo que cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser establecida por las autoridades judiciales competentes.
FUENTE: Departamento de Estado de Estados Unidos – Comunicado del 22 de octubre de 2026.