La representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Mónica Mendoza, alertó sobre la expansión de organizaciones criminales transnacionales en el país y advirtió que su presencia estaría vinculada a disputas territoriales y hechos de violencia asociados al crimen organizado.
Mendoza señaló que en territorio boliviano se ha identificado la presencia de organizaciones extranjeras, entre ellas el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México; el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, de Brasil, además de estructuras criminales procedentes de Perú y Colombia.
“Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, manifestó la representante.
Según su evaluación, la expansión de estas estructuras estaría relacionada con asesinatos por encargo y enfrentamientos por el control de determinados territorios y actividades ilícitas.
La representante de la Unodc también expresó preocupación por una posible penetración del crimen organizado en determinadas instituciones vinculadas al sistema de justicia y por la creciente conexión entre diferentes actividades ilícitas.
Entre los delitos mencionados figuran el narcotráfico, contrabando, trata de personas, corrupción y minería ilegal, actividades que pueden conformar redes criminales con capacidad para movilizar importantes recursos económicos.
Otro de los elementos señalados corresponde a la evolución de los cultivos de coca. De acuerdo con los datos mencionados por Mendoza, la superficie habría pasado de aproximadamente 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 durante 2025, lo que representa un incremento cercano al 7%.
Frente a este panorama, Mendoza planteó la necesidad de una respuesta integral que combine cooperación internacional, fortalecimiento institucional y acciones dirigidas a identificar y afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
También mencionó la importancia de contar con instrumentos normativos para combatir el lavado de activos y avanzar en mecanismos relacionados con la extinción de dominio sobre bienes vinculados a actividades ilícitas.
Las declaraciones se producen en un contexto de cambios en la política boliviana de lucha contra el narcotráfico, mientras el Gobierno impulsa una mayor coordinación internacional en materia de seguridad.
El desafío, según el planteamiento expuesto, pasa no solamente por combatir el tráfico de drogas, sino también por identificar las redes financieras, logísticas e institucionales que permiten operar a estructuras criminales dentro del país.
Mendoza señaló que en territorio boliviano se ha identificado la presencia de organizaciones extranjeras, entre ellas el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México; el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, de Brasil, además de estructuras criminales procedentes de Perú y Colombia.
“Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales”, manifestó la representante.
Según su evaluación, la expansión de estas estructuras estaría relacionada con asesinatos por encargo y enfrentamientos por el control de determinados territorios y actividades ilícitas.
La representante de la Unodc también expresó preocupación por una posible penetración del crimen organizado en determinadas instituciones vinculadas al sistema de justicia y por la creciente conexión entre diferentes actividades ilícitas.
Entre los delitos mencionados figuran el narcotráfico, contrabando, trata de personas, corrupción y minería ilegal, actividades que pueden conformar redes criminales con capacidad para movilizar importantes recursos económicos.
Otro de los elementos señalados corresponde a la evolución de los cultivos de coca. De acuerdo con los datos mencionados por Mendoza, la superficie habría pasado de aproximadamente 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 durante 2025, lo que representa un incremento cercano al 7%.
Frente a este panorama, Mendoza planteó la necesidad de una respuesta integral que combine cooperación internacional, fortalecimiento institucional y acciones dirigidas a identificar y afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.
También mencionó la importancia de contar con instrumentos normativos para combatir el lavado de activos y avanzar en mecanismos relacionados con la extinción de dominio sobre bienes vinculados a actividades ilícitas.
Las declaraciones se producen en un contexto de cambios en la política boliviana de lucha contra el narcotráfico, mientras el Gobierno impulsa una mayor coordinación internacional en materia de seguridad.
El desafío, según el planteamiento expuesto, pasa no solamente por combatir el tráfico de drogas, sino también por identificar las redes financieras, logísticas e institucionales que permiten operar a estructuras criminales dentro del país.