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Sólo una auténtica reconciliación nacional y la reconstrucción del dañado tejido social pueden abrir un ciclo de paz duradera y de progreso en Bolivia, tras la votación del 18 de octubre que le dio un claro triunfo al MAS, en el desenlace de la feroz disputa por el poder que libran incesantemente desde hace años el bloque masista y el antimasista.
Como se esperaba, el voto no ha cerrado las heridas de la dura confrontación. Se sabía que si no había un acuerdo previo de desarme no acabaría la refriega. Tampoco terminará si los actores de la disputa del poder siguen dispuestos a aniquilar al adversario, en vez de acordar un respeto mínimo a las normas de coexistencia. No habrá nunca paz si se concluye que la democracia es solo votar. El voto no debe ser nunca el fin, sino un medio para evitar que los ciudadanos resolvamos nuestras disputas en las calles. Si persiste esta creencia, nunca avanzaremos en superar la peligrosa fractura de la sociedad boliviana, agravada el último año.
La presencia de sectores movilizados en las calles de algunas ciudades y el descontento por los resultados electorales es el síntoma claro de la fractura, que tiene como causa la desconfianza crónica entre una parte del país y la otra. La confianza se rompió cuando Evo Morales eludió el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 y cuando la justicia lo validó. Tres años después se ahondó la desconfianza cuando la OEA concluyó que hubo irregularidades en las elecciones de 2019. El mismo Morales aceptó el informe y la anulación de esa votación. En su ausencia, el propio MAS aprobó en el Legislativo la convocatoria a una nueva elección y avaló en una sesión su renuncia.
Superado ese episodio, llegamos a la nueva elección, empero, sin superar la desconfianza. Ganó el MAS de manera contundente, por sus aciertos en una campaña intensa y por los crasos errores de sus adversarios. La amplia ventaja fue reconocida por sus dos principales adversarios y por los observadores internacionales que llegaron al país. Aparecieron, sin embargo, sospechas y denuncias de ciudadanos autoconvocados, cuyas protestas en las calles pueden acabar cuando sean atendidas.
En este sentido, el TSE tiene la obligación de aclarar las dudas y responder de manera clara, veloz y contundente a los descontentos. Si lo hace cuanto antes, habrá cumplido con su alta responsabilidad de cerrar este tenso capítulo electoral. Si lo hace como se espera, habrá ayudado a terminar la radicalización de estos ciudadanos.
Otro problema que aleja por ahora la ansiada tregua política es la desconfianza acrecentada por la lamentable maniobra de los legisladores del MAS de cambiar las reglas de los dos tercios para facilitarle al presidente electo el uso de la nueva mayoría. Lo que el MAS no pudo lograr con el voto del 18 de octubre lo consigue con el favor de su rodillo parlamentario en la agonía de un mandato prorrogado.
La patética acción de las mayorías para imponerse a las minorías no encaja en el espíritu de reconciliación prometido por el Presidente electo. El efecto contradice su intención de gobernar para todos los bolivianos y no solo para el 55% que lo apoya. No se puede construir un nuevo país desconociendo al otro 45%. Se consigue pasajeramente gobernabilidad política, pero no la gobernabilidad social que requiere Bolivia con urgencia para encarar históricos desafíos.
Tampoco contribuyen a la recuperación de la confianza perdida algunas polémicas decisiones de la justicia en los últimos días, que alimentan aún más la crispación social.
El humor social no es el adecuado para el estreno de un Presidente y de un Vicepresidente, que deberán revertir algunas preocupantes señales de regreso a viejos tiempos de peligrosa y costosa confrontación. Les tocará a los nuevos gobernantes el reto de cerrar las heridas y curar las fracturas de una sociedad polarizada. Ojalá estén a la altura de encarar el futuro sin las mismas recetas del pasado.
Tuffí Aré Vázquez es periodista, Premio Huáscar Cajías y Premio Libertad de Expresión 2011.
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