Ante el nulo avance de la denuncia presentada ante la Fiscalía Departamental, el asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza, decidió acudir ante la Contraloría General del Estado para investigar presuntas irregularidades en los contratos de publicidad de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT). La denuncia que ha sido presentada el 7 de noviembre, advierte que varios de estos contratos, realizados durante el segundo semestre de 2023, implican el pago a medios de comunicación “fantasmas” y programas independientes inexistentes, sin evidencia de difusión de la publicidad contratada.
Medios inexistentes
Entre los medios señalados como ficticios se encuentran las páginas web Tarixa La Linda, Nueva Visión e Infosur.com, así como los programas independientes Juntos En La Noticia, Foro Noticioso y Expreso Informativo. La denuncia sostiene que, tras analizar 47 contratos de publicidad, se verificó que estos medios no contaban con documentación adecuada que demostrara su existencia y que, en muchos casos, tampoco se halló evidencia de que se hubieran transmitido los anuncios pagados.
La denuncia también apunta a la falta de criterios mínimos en la selección de los medios contratados. La ALDT, según el documento, habría operado con “discrecionalidad y favoritismo”, sin definir parámetros para clasificar los medios según su cobertura ni establecer precios proporcionales a la cantidad de anuncios difundidos.
Favoritismo en contratos
Lea Plaza también señala el incumplimiento de normativas legales vigentes, como el Decreto Supremo N° 181 y el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la ALDT. En el documento se subraya que estos procedimientos administrativos exigen la verificación de documentación idónea y establecen lineamientos para la selección de proveedores, requisitos que no habrían sido cumplidos en estos procesos de contratación.
Otro aspecto señalado en el informe es el aparente trato preferencial otorgado al canal “Chaqueña de TV” de Yacuiba, el cual, además de contar con su contrato como medio de comunicación, gestionó tres contratos adicionales para programas informativos que supuestamente difunde. Estos contratos habrían sumado un cobro de Bs. 6.000 por 24 pases diarios, elevando las sospechas de beneficios exclusivos.
Falta de transparencia
La denuncia incluye también un grado de parentesco entre algunos de los funcionarios implicados y los representantes de los medios contratados. Los servidores públicos señalados incluyen a Alan Barca Herrera, presidente de la ALDT; Isabel Paredez Galeán, ex Intendente Oficial Administrativa; Claudia Chale Pérez, directora administrativa; Ramón Alemán Sossa, ex responsable del área de comunicación; y Ginna Tejerina Herrera, de la Unidad de Comunicación de la ALDT.
La recopilación de información, según el denunciante, encontró múltiples obstáculos. Las solicitudes de documentación, inicialmente presentadas en noviembre de 2023, fueron ignoradas en repetidas ocasiones, lo que llevó a la interposición de una acción de amparo constitucional. Solo tras una orden judicial emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia el 8 de abril de 2024, las autoridades de la ALDT entregaron la documentación solicitada, que permitió la revisión exhaustiva de los contratos.
Denuncia ante la Contraloría
Cabe recordar que, Lea Plaza había presentado inicialmente el caso ante el Ministerio Público el 23 de enero de 2024, argumentando que los indicios de corrupción podrían configurar delitos en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, la denuncia apunta a una “parcialización política” por parte del fiscal asignado, ya que las investigaciones avanzaron de forma escasa, lo que llevó al denunciante a realizar una investigación por cuenta propia.
El proceso concluyó con la presentación de una denuncia formal a la Contraloría General del Estado, solicitando que esta institución verifique la autenticidad de los contratos y establezca los daños económicos y los responsables de las irregularidades.
FUENTE: EL PAIS
