Por medio del decreto 366/25, el gobierno de Javier Milei concretó la modificación de la Ley de Migraciones. Entre los principales cambios están la exigencia de recursos económicos para obtener la residencia permanente, la limitación de derechos para personas en situación migratoria irregular, la ampliación de causales de expulsión y la restricción del acceso a servicios públicos. Advierten que migrantes bolivianos se verán afectados.
La medida, además, coincide con el despliegue de militares en la frontera norte, en el marco del denominado “Plan Güemes”. Todas estas medidas adoptadas por el gobierno de Argentina motivaron la presentación de un hábeas corpus preventivo por parte de organizaciones salteñas de derechos humanos.
Residencias más difíciles
El decreto establece que, para acceder a la residencia permanente, los migrantes deberán demostrar medios económicos suficientes. Mientras tanto, se podrá otorgar una residencia precaria, cuya duración se reduce de 180 a 90 días, pero que ya no servirá como prueba de arraigo para obtener ciudadanía o residencia definitiva.
A esto se suma una modificación en el acceso a la ciudadanía, ya no bastará con residir dos años en el país, como establece la Constitución Nacional. Solo podrán nacionalizarse aquellas personas con residencia legal continua o que sean calificadas como “inversores”. Además, la decisión queda ahora en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, desplazando el rol del Poder Judicial.
Educación y salud pública
Las personas migrantes en situación irregular ya no podrán estudiar en instituciones terciarias o universitarias, y solo podrán acceder a la educación inicial, primaria y secundaria. También se restringe el acceso al sistema público de salud: solo será gratuito para residentes permanentes o en casos de emergencia.
En el resto de los casos, deberán presentar un seguro médico o pagar el servicio. La normativa también impone como requisito para ingresar al país un seguro médico obligatorio, lo que podría dificultar visitas familiares de corta duración o el ingreso de personas sin recursos.
Menos garantías jurídicas
El nuevo régimen amplía los motivos para impedir el ingreso o cancelar la residencia por cuestiones penales. No se requiere una condena firme, basta con un procesamiento, una elevación a juicio, o incluso una “sospecha fundada” de delito.
Migraciones será notificada por el Poder Judicial ante cualquier procesamiento o condena de una persona extranjera. Se elimina el recurso de reconsideración y de alzada administrativa, dejando como única vía judicial un recurso ante la Cámara Federal con un plazo de apenas 15 días.
Las personas migrantes también podrán ser expulsadas sin una intimación previa a regularizar su situación, con prohibiciones de reingreso que pueden ir de cinco a quince años. Esto supone una fuerte erosión de garantías jurídicas y de la posibilidad de defensa.
Operativos intrusivos
La Dirección Nacional de Migraciones recibió nuevas facultades de fiscalización, incluyendo la posibilidad de realizar operativos en espacios públicos y privados. Puede solicitar documentación, inspeccionar lugares de trabajo o alojamiento, secuestrar temporalmente documentos y, con autorización judicial, ingresar a espacios no públicos con apoyo de fuerzas de seguridad.
En paralelo, el gobierno nacional lanzó la “Operación Roca” en el norte argentino, una estrategia que refuerza el control militar en zonas fronterizas, con el argumento de combatir el narcotráfico y el contrabando. En este contexto, organismos de derechos humanos de Salta presentaron un hábeas corpus preventivo ante el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, para impedir que se apliquen las normas que permiten la participación de militares en tareas de seguridad interior.
Según informó el medio argentino Ámbito, el abogado Martín Plaza, patrocinante del recurso, advirtió que los decretos 1107/24 y 1112/24 y la resolución 347/35 “violan garantías como la libertad ambulatoria, el debido proceso y el juez natural”. La preocupación se centra en que la normativa permitiría a las Fuerzas Armadas detener civiles en situaciones de presunta flagrancia, sin condena ni orden judicial. “Queremos prevenir detenciones ilegítimas en una región donde hay muchos trabajadores informales y comunidades vulnerables”, agregó.
Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), afirmó que estas medidas implican una militarización encubierta, contraria a la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. “Estamos frente a un avance represivo con objetivos poco claros, sin límites definidos ni mecanismos de rendición de cuentas”, declaró.
Impacto directo en la población boliviana
Desde Bolivia, advierten sobre el efecto que esta política migratoria puede tener para los más de 1,5 millones de bolivianos que residen en Argentina. Francisco Solares, profesional en relaciones exteriores, señaló que, “lo que está buscando Milei es garantizar los servicios públicos exclusivamente para ciudadanos argentinos, dejando fuera a los migrantes que representan un gasto para el Estado”.
Según Solares, estas medidas también buscan evitar que migrantes accedan a beneficios como la salud, la educación o bonos sociales, como sucedía con muchos ciudadanos bolivianos que llegaban a Argentina, se nacionalizaban y accedían a servicios sin contribuir al sistema fiscal argentino.
“Quienes deseen ingresar a Argentina deberán presentar pasajes de ida y vuelta, lo que limita la movilidad de familias que cruzan constantemente la frontera, especialmente desde Tarija y Yacuiba”.
Solares señaló que si bien las medidas son estrictas para los migrantes, el Gobierno argentino tiene la soberanía para decidir qué medidas adoptar para proteger su economía, consecuentemente el Gobierno de Bolivia no puede hacer nada al respecto, sino orientar a quienes visitan el vecino país para que cumplan las normas.
Fuente el Pais
 del gobierno argentino restringe el acceso de migrantes a la ciudadanía, la salud y la educación. En Salta interpusieron un hábeas corpus contra la “Operación Roca”){kind=link}