Ministro Lima remarca necesidad de establecer consenso nacional para la reforma judicial

Lima recordó que, a partir del trabajo de la Comisión, el Consejo de la Magistratura intervino los 18 juzgados de Ejecución Penal y destituyó a 11 jueces, siete de ellos procesados, tres detenidos preventivamente y otros que esperan sus audiencias cautelares. “Es un trabajo que ha sido encarado con toda la seriedad de la institucionalidad del Estado, cada Órgano del Estado está cumpliendo su rol”, acotó.

Indicó que el trabajo permitió identificar problemas estructurales que serán resueltos a partir de un proyecto normativo para evitar más retardación de justicia, casos de prevaricato y otros problemas, además de los mecanismos de coordinación con los subniveles de gobierno, “porque no es solamente el rol del juez de Ejecución Penal, es toda la estructura del Estado la que debe actuar para que los feminicidios no continúen en el país”.

Detalló que de los 113 casos de feminicidios ocurridos durante la gestión 2021, 45 cuentan con sentencias ejecutoriadas, 33 esperan el inicio de juicio público, oral y contradictorio, y el resto se encuentra en diversas fases del proceso judicial.

“Es decir que el Estado ya está respondiendo en 88 casos (de 2021), hubo etapa preparatoria, tenemos sentencias y lo ideal es que todos los casos cuenten este año con sentencias. No hay el 100% de autores en la cárcel, ya que ocho de ellos murieron, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo”, sostuvo.

En cuanto a las demandas plateadas por la Central Obrera Bolivia (COB) para revisar la justicia laboral a pedido de diversos sectores de los trabajadores, el Ministro Lima confirmó que se trabaja en otra mesa similar a la que revisó los casos de feminicidio para dar celeridad y transparencia a los procesos.

“Están preocupados porque sólo hay 46 jueces para resolver las controversias laborales de todos los trabajadores del país, además porque un proceso laboral en algunos casos demora más de cinco años, y tienen que esperar a que en Sucre se pronuncien (las autoridades judiciales) para cobrar sus beneficios sociales y deudas».

«Algo está mal en el sistema laboral, por eso se ha constituido una mesa y estamos trabajando con ellos para identificar los problemas en cuanto a justicia laboral”, concluyó.