El asambleísta Mauricio Lea Plaza, presentó ante la Contraloría General del Estado una denuncia formal respecto a irregularidades en el ejercicio de la función pública identificadas dentro de los procesos de contratación de servicios de publicidad llevados a cabo durante el segundo semestre de la gestión 2023 en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija.
La denuncia fue presentada el pasado 7 de noviembre puesto que se ha verificado la existencia de medios fantasmas, es decir, la contratación y el pago por publicidad a programas independientes y páginas web inexistentes como son: Medio digital, página web TARIXA LA LINDA, Medio digital, página web NUEVA VISIÓN, Medio digital, página web INFOSUR.com, Programa independiente JUNTOS EN LA NOTICIA, Programa independiente FORO NOTICIOSO y el Programa independiente EXPRESO INFORMATIVO.
Mientras que los funcionarios públicos incluidos en la denuncia son: Alan Barca Herrera Presidente, Isabel Paredez Galeán ex Oficial Mayor Administrativa, Claudia Chale Pérez Directora Administrativa, Ramón Alemán Sossa ex responsable del área de Comunicación y Ginna Tejerina Herrera de la Unidad de Comunicación, todos de la ALDT.
En la denuncia se detalla que luego del análisis de los 47 contratos de publicidad los medios denunciados como “fantasmas” no cuentan con la evidencia de respaldo de su funcionamiento regular, la emisión de la publicidad y el cumplimiento de los contratos observados.
La ALDT en la contratación de medios de comunicación actúo con total discrecionalidad y favoritismo; no determinó los criterios mínimos para la selección y calificación de medios de comunicación, es decir no existen parámetros que permitan establecer una jerarquía de los medios según su cobertura, no existen criterios para determinar los precios a pagar a cada medio de comunicación a contratarse según su naturaleza, no existe proporcionalidad en el pago en relación al número de pases, spots y/o cuñas, etc.
También se incumplió expresamente el Decreto Supremo N° 181 y el propio Reglamento Específico de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de la Asamblea en todos los procesos de contratación (Art. 86 del DS 181 y el Art 17.c. del Reglamento Específica del RESABS de la ALDT).
Se suscribieron contratos de servicios de publicidad con medios que carecían de documentación idónea para acreditar su condición de tales, por otro lado, existe un medio de comunicación televisivo que cuenta con beneficios exclusivos, pues además de tener un contrato como medio tiene otros 3 contratos con los únicos programas locales que supuestamente difunde (El informativo 1° Edición, Informavisión edición central y el Meridiano) y que se transmiten en dicho medio denominado “Chaqueña de TV” Canal 2 de la ciudad de Yacuiba. Entre los cuatro contratos este medio llego a cobrar Bs. 6.000 al menos por supuestos 24 pases diarios.
El Informe también ha identificado la existencia de grado de parentesco y/o afinidad entre los servidores públicos denunciados que han sido parte del proceso de contratación y medios de publicidad contratados.
Es preciso hacer hincapié en que la recopilación de la información demoró bastante pues las autoridades de la ALDT y los servidores públicos asumiendo una conducta poco transparente se rehusaban a proporcionar la documentación que fue inicialmente solicitada en fecha 28 de noviembre de 2023, a pesar de reiteraciones permanentes que no obtuvieron respuesta favorable.
Tomando en cuenta que los hechos demostraban la existencia de indicios que podían adecuarse a tipos penales, en fecha 23 de enero de 2024 presenté formalmente ante el Ministerio Público denuncia por presuntos delitos a objeto que esta instancia sea quién inicie investigaciones necesarias y cuando sea su estado se formule imputación formal contra los servidores públicos involucrados.
“Lamentablemente el Fiscal de materia asignado al caso poco o nada investigó, por lo que ante esta evidente parcialización política del Ministerio Público con los denunciados asumí por mi cuenta la labor investigativa para averiguar la verdad histórica de los hechos”, afirmó Lea Plaza
“Ante la falta de respuesta a la solicitud de información y con el propósito de continuar con la investigación, acudí ante la justicia interponiendo una acción de amparo constitucional para exigir se proporcione la información requerida por lo que el 8 de abril de 2024 las vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia instruyeron a las autoridades demandadas que en el plazo de 3 días respondan a las solicitudes efectuadas. A partir de ello, recién hasta el 5 de junio de la presente gestión pude contar con toda la información necesaria para proceder a revisarla y verificar los hechos denunciados”, lamentó el asambleísta.
El proceso de recopilación de evidencias concluyó identificando las irregularidades descritas, por lo que se ha presentado denuncia a la Contraloría General del Estado, para qué en el marco de sus atribuciones, pueda verificar la veracidad de los hechos denunciados, efectué el análisis pertinente y establezca los daños y los responsables correspondientes.
Fuente: Canal 22
