La Dirección de Catastro del Gobierno Municipal de Yacuiba, a cargo del Dr. Luis Herrera, alertó sobre el avance de urbanizaciones fuera de norma que ya estarían afectando la proyección urbana de la ciudad. Sin embargo, aún no se ha hecho público el mapeo de zonas irregulares anunciado por la propia institución.
Durante una entrevista con medios locales, el director de Catastro señaló que en zonas como Campo Grande y Pajoso se identificaron fraccionamientos que no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas por ley, como los 12 metros de frente y los 300 metros cuadrados por lote. Además, advirtió que se están ofertando terrenos sin folio real, sin planos aprobados ni impuestos individualizados, lo cual representa un alto riesgo legal para los compradores.
Herrera informó también que algunas personas están loteando incluso en áreas rurales, lo que constituye una infracción a la Ley INRA y puede derivar en la reversión de los predios al Estado. “He visto que los invitan a comer, los transportan a la zona del Ojo del Agua y otros lugares rurales, pero eso está prohibido”, expresó.
El funcionario recomendó a la ciudadanía solicitar la documentación mínima antes de comprar: plano aprobado, folio real y prueba de pago de impuestos. No obstante, también reconoció que, pese a las advertencias, aún no se ha logrado frenar completamente estas ofertas irregulares, lo cual genera incertidumbre sobre la eficacia de los controles municipales.
En un punto clave de su declaración, Herrera afirmó que “preparará un mapeo y una lista de zonas irregulares para los próximos días”, sin embargo, no ofreció una fecha concreta ni identificó a las personas o constructoras que estarían incurriendo en estas prácticas.
La preocupación aumenta entre los yacuibeños que sueñan con adquirir un terreno para construir su vivienda. “Es triste ver a personas que barren las calles y compran un lote con su esfuerzo, para luego tener problemas legales por una mala compra”, lamentó Herrera.
Desde el municipio se reiteró el llamado a los ciudadanos para que verifiquen la legalidad de sus compras con abogados o arquitectos, antes de firmar documentos privados o construir. Aún queda pendiente que la administración municipal cumpla con su compromiso de transparencia respecto a las zonas afectadas y los responsables directos.
