La concejal Jacqueline Rocabado rompió el silencio y respondió con firmeza a las declaraciones del alcalde Carlos Brú, a quien acusó de desviar la atención pública para evitar hablar del fondo del problema: una sentencia ejecutoriada que compromete gravemente los recursos del municipio. Rocabado afirmó que el proyecto fue adjudicado en 2014 sin cumplir con la normativa ambiental, y que la irresponsabilidad de la máxima autoridad edil ahora compromete más de 200 millones de bolivianos.
Durante una extensa declaración pública, la concejal Rocabado denunció que el alcalde de Yacuiba, Carlos Brú, incurrió en una grave omisión legal al adjudicar en 2014 un proyecto sin contar con la ficha ni la licencia ambiental obligatoria, lo que derivó en una sentencia judicial adversa tanto en Tarija como en Sucre. Según la autoridad edil, el proyecto fue aprobado con “premura” y se entregó un anticipo de más de 37 millones de bolivianos antes de concluir el mandato municipal, sin contar con los requisitos ambientales exigidos por ley.
“Este proyecto necesitaba, antes de ser adjudicado, tener su ficha ambiental. No la tuvo. ¿Por qué tanta urgencia en entregarle el anticipo millonario a la empresa?”, cuestionó Rocabado, advirtiendo que ahora el pueblo pagará las consecuencias de esa decisión.
Rocabado también respondió con dureza a los ataques personales emitidos por el alcalde, quien habría insinuado supuestos beneficios económicos indebidos por parte de su familia. Negó categóricamente que ella o su esposo perciban ingresos adicionales al sueldo legal, y explicó que su cuñado ingresó a la Gobernación en 2015, cuando el proyecto ya había sido adjudicado por el propio Brú en 2014.
“Yo no adjudico, yo no era concejal cuando se aprobó ese proyecto. No tengo nada que ver. Pero como concejal es mi deber informar a la población sobre esta sentencia ejecutoriada, que compromete más de 200 millones”, subrayó.
Además, la concejal anunció que solicitará copias de la demanda, la sentencia, el auto de vista y el auto supremo emitidos desde Sucre para entregarlos a los medios y transparentar el proceso, señalando que su rol es fiscalizar, no postularse como candidata, como insinuó el alcalde.
En otro pasaje, la concejal respondió con firmeza a las comparaciones hechas por el alcalde entre el fallo de este caso y el del bono de frontera, afirmando que se trata de casos completamente distintos en magnitud, duración y contexto judicial. Mientras el bono representa 2 millones de bolivianos, el proceso por el proyecto mal adjudicado podría costarle a Yacuiba más de 200 millones.
Finalmente, acusó al alcalde de recurrir a “chivos expiatorios” y de intentar evadir su responsabilidad, incluso negando la necesidad de una licencia ambiental para obras que evidentemente generan impacto.
“No puede decir que no sabía. El proyecto era pavimentación del casco central. Eso genera impacto ambiental, por supuesto. No puede pretender ahora desconocer la ley”, concluyó Rocabado.
