En medio de la crisis sanitaria que persiste en el Hospital Rubén Zelaya, Viviana Monrroy, presidenta del Consejo Social en Salud, informó que desde la próxima semana se reanudará la atención médica tras la conclusión de un proceso de reestructuración del personal. Las mesas técnicas, realizadas durante varios días, permitieron revisar los roles de turno y priorizar las especialidades básicas de cirugía, pediatría y ginecología, además de redistribuir recursos humanos para afrontar el déficit de enfermería.
Entre las medidas adoptadas destaca la reducción del servicio de neonatología de once a dos cunas, a fin de liberar personal para áreas críticas. Monrroy aseguró que las atenciones en consulta externa y cirugías continuarán su curso, aunque reconoció que el segundo nivel sigue colapsado y que la habilitación del hospital de tercer nivel aún no contribuye a descongestionar los servicios.
Sin embargo, las medidas anunciadas no lograron disipar las críticas. Durante la presentación de resultados, surgieron cuestionamientos respecto a presuntos beneficios laborales a favor de familiares suyos dentro del hospital. Monrroy negó categóricamente haber influido en contrataciones o haber utilizado su cargo para favorecer intereses personales. “No tengo familiares trabajando a nombre mío ni he gestionado su ingreso. Mi relación con ellos es distante y no intervengo en sus asuntos laborales”, afirmó.
Pese a sus declaraciones, las dudas persisten entre algunos sectores de la población, que observan con recelo la situación en el nosocomio y el manejo del recurso humano. Monrroy, cuyo mandato concluye en noviembre, llamó a la reflexión para no politizar las denuncias, aunque admitió que continuará con las averiguaciones internas para esclarecer cualquier irregularidad.
Mientras tanto, los ciudadanos y usuarios del sistema de salud siguen aguardando mejoras reales en la atención, en un contexto donde las promesas de reestructuración y las aclaraciones personales no logran borrar el malestar generalizado.
