En una extensa exposición ante los medios, el alcalde de Yacuiba ofreció una rendición de cuentas que evidenció la crítica situación que atraviesa el municipio, particularmente en el sistema de salud y el control de los precios de productos básicos. Aunque enfatizó en las limitaciones impuestas por las normativas nacionales y la falta de transferencias de recursos, también dejó entrever la incapacidad de su administración para encontrar soluciones efectivas.
En el área de salud, reconoció que los pagos adeudados al personal contratado bajo la Ley 3038 no han podido ser cancelados, pese a gestiones formales ante el Ministerio de Economía. “Dependemos de autorizaciones que no llegan y no podemos disponer de otros fondos”, explicó. Además, admitió que los hospitales municipales, como el Rubén Zelaya, asumen funciones de tercer nivel sin los recursos adecuados, situación que ha afectado la calidad de la atención sanitaria.
Respecto al incremento del costo de vida, especialmente en los precios del pan y la carne, el alcalde responsabilizó a la crisis macroeconómica y a la especulación de intermediarios. Anunció medidas paliativas, como el ajuste del peso del pan y la coordinación con productores para intentar controlar el precio de la carne, aunque reconoció que estas acciones son limitadas y temporales.
Sobre la función de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO), aclaró que su alcance se restringe al control de peso y calidad dentro de los mercados, dejando claro que las competencias más amplias pertenecen al Gobierno nacional. “Estamos atados de manos”, dijo, refiriéndose a los obstáculos legales que impiden una intervención municipal más directa en la regulación de precios.
El alcalde también admitió que, incluso con un cambio de gobierno, los problemas económicos no se resolverán de inmediato, y subrayó que no existen soluciones mágicas para enfrentar la crisis actual. “Tomará tiempo, esfuerzo y trabajo conjunto”, concluyó, dejando en evidencia un panorama poco alentador para los ciudadanos de Yacuiba.
